«Ahí está sembrado tu ombligo, ese árbol es tuyo, un árbol de naranja, y lo siembran en la tierra como símbolo de pertenencia al territorio (…). Cultura sin territorio no hay». Existe una antigua tradición en el Pacífico en la que, cuando las niñas y niños nacen, se entierra su cordón umbilical en la casa o en un árbol. Quedan así ombligados a su hogar. Este arraigo permanente con su tierra choca con la realidad de Colombia, que es uno de los países con mayor número de desplazamientos internos a causa del conflicto armado y la violencia. En este vídeo se pueden ver de una manera gráfica a lo largo del tiempo:
Por esto y otras situaciones sangrantes, Pedro Arrupe fundó en 1980 el Servicio Jesuita a Refugiados, cuyo lema es acompañar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas y desplazadas por la fuerza. Esta frase suya preside el SJR de Buenaventura:
«No me resigno a que cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido.»
Y Buenaventura, nuestro destino en esta experiencia, es un punto clave en todo esto (más adelante entenderéis por qué). Pero antes de zambullirnos en su realidad, ya fuimos tomando conciencia y consciencia de la situación (tanto pasada, como presente y futura) en un barrio de Bogotá y un municipio colindante: Ciudad Bolívar y Soacha.
Como decía en el anterior post, la ciudadanía colombiana se divide en estratos. Los más pobres son estrato 1 y los más ricos 6. Y Bogotá, tiene todos (incluso se habla de una zona con estrato 7). Pero en el Sur, en la ladera de la montaña, te encuentras con una ciudad muy diferente: casas de lata, de unos pocos metros, donde apenas llega el agua corriente y mucho menos el alcantarillado y con muchísimas familias desplazadas de otras zonas del país (mayoritariamente rurales), que incluso se han movido varias veces dentro de la propia ciudad en contextos de barrios marginales. Si pensamos que esto se ha podido frenar con el acuerdo de paz, la información de este año supone un jarro de agua fría: los datos hasta ahora recogidos en 2017 ya anuncian que serán peores que los de 2016. Y es que, en muchas comunidades, las FARC tenían una especie de rol de Estado paralelo. Al desaparecer, dejan un vacío que está siendo ocupado por nuevos actores armados, vinculados al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal o la explotación maderera. De hecho, en Soacha conocemos a través del testimonio de unas religiosas que están allá, cómo esa zona sigue controlada por paramilitares donde se asesina, amenaza, extorsiona o recluta a niños, niñas y jóvenes. Todo eso en la misma ciudad donde hay grandes mansiones que valen más de 100 millones de euros. Juntos, pero no revueltos, por supuesto. Los testimonios que comparten con nosotras nos van preparando para Buenaventura, lugar al que llegamos el 20 de julio.
Buenaventura es una ciudad situada en la costa Pacífica (Valle del Cauca) y uno de los principales puertos de Colombia. Por aquí pasan más del 60% de las importaciones y exportaciones del país (legales e ilegales), pero nada se queda ni revierte en la población, mayoritariamente afrocolombiana. Este puerto era del Estado hasta que se privatiza en 1994 y empieza a ser gestionado por varias empresas como la Sociedad Portuaria Buenaventura. Aquí es donde empezamos a ver cómo la violencia paramilitar no solo responde como reacción a la guerrilla, sino también a intereses empresariales legales e ilegales. Y es que la expansión portuaria supone una amenaza para la población, a la que obligan a abandonar su territorio. Es «curioso» como los barrios de Buenaventura que han concentrado mayor violencia han sido aquellos en los que se quería implantar el proyecto del puerto. Entre 1990 y 2014 se producen 5.047 asesinatos, 548 desapariciones forzosas, 152.837 víctimas del desplazamiento forzado… Y es que en la zona es común la violencia física y sexual, las amenazas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el cobro de «vacunas» a comerciantes (extorsiones), los secuestros y las «casas de pique» (lugares donde se descuartiza a personas). Para hacernos una idea de la dureza de la situación, no hay nada como leer el tremendo testimonio de Ramón, un joven reclutado a los 17 años y que actuó en una de esas casas de pique.
¿Y qué hace el Estado ante esta situación? Pues primar el desarrollo económico y la inversión extranjera, frente al de la ciudadanía, el medio ambiente o el territorio. Las autoridades locales castigan a la población con cortes de agua frecuentes o con la falta de servicios públicos. Solo el 60% tiene acceso al alcantarillado, la cobertura sanitaria es deficitaria y la educación de baja calidad. Todo porque quieren despejar Buenaventura para la expansión portuaria. Para entender mejor el contexto es muy interesante leer los informes «Asedio a las comunidades. Los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura» y «Más puertos; menos comunidad«.
Pero hay mucha luz dentro de tantas tinieblas. Luz emitida por el poder de la ciudadanía luchando unida al grito de: «El pueblo no se rinde, carajo». En una próxima carta desde Colombia os lo contaremos.
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