- Primera carta: Que lo único que quede en el olvido sea la indiferencia.
- Segunda carta: Ombligados.
El 19 de abril de 2005, doce jóvenes de entre 17 y 23 años del barrio de Punta del Este de Buenaventura fueron invitados a jugar un partido de fútbol. El equipo ganador se llevaría 200.000 pesos (algo así como 55 euros). Pero esos jóvenes jamás disputaron el encuentro ni volvieron con sus familias. Se aprovecharon de sus sueños para acabar con sus vidas, apareciendo dos días después con signos de tortura (amordazados, rociados con ácido y otras barbaridades). En Buenaventura se les conoce ya como los doce de Punta del Este. Los mismos años han pasado de aquel fatídico día y aún no se han esclarecido los hechos. Ésta y otras tantas historias igual de terribles forman parte de la Historia de Buenaventura. Como decía una de sus madres «Te eché tierra como una loca para ver si te borraría. Mientras más tierra te echaba, más presente te tenía». O dicho de otra manera: prohibido olvidar.
¿Y por qué esta violencia? Pues porque a través de ella y la cultura del terror, se tiene controlado al pueblo y se le puede obligar a que abandone su hogar, su territorio, sus raíces. Ésta es una de las claves del conflicto que ha azotado y sigue azotando Colombia. Y aquí es donde aparece el Servicio Jesuita a Refugiados, que tan generosamente nos ha permitido formar parte de su actividad y nos ha mostrado la realidad en terreno.
El SJR empezó en 1995 su andadura en Colombia, país con el mayor número acumulado de personas desplazadas internas. Está presente en diferentes zonas, siendo una de ellas, Buenaventura. Sus áreas de trabajo son:
- Acción humanitaria, facilitando comida, ropa, asistencia jurídica, apoyo psico-social y pastoral a las víctimas.
- Estrategia de integración local en condiciones de dignidad y justicia socio-económica para promover el empoderamiento de las personas desplazadas. Aquí es clave el fortalecimiento comunitario para la protección y defensa del territorio.
- Prevención, apoyando a niños, niñas y jóvenes para evitar su reclutamiento por parte de bandas criminales, que los «seducen» a través de las drogas u ofreciendo ingresos fáciles.
- Trabajo por una cultura de paz y de reconciliación. Por ejemplo, no os perdáis el documento «Herramientas para la reconciliación. Sanando las heridas del conflicto y construyendo los vínculos y el tejido social a nivel personal, comunitario y político«. De interés para trabajar en las aulas u otros espacios.
- Incidencia y visibilización. Sobre todo, en las políticas públicas desde lo local a lo nacional. Todo ello construyendo y co-creando con la ciudadanía y no de espaldas a ella.
La labor de la oficina del Valle de Cauca está centrada principalmente en las comunidades afrodescendiente e indígena, castigadas por una sociedad racista, clasista y machista, que les empuja a círculos de pobreza estructural, desigualdad social y abandono estatal. Para que nos hagamos una idea de la situación, hasta el año 2000, los bancos de Buenaventura no contrataban a personas afrocolombianas ni a mujeres. Y no es hasta la Constitución de 1991 que Colombia se reconoce como pluriétnica y multicultural (en Buenaventura el 90% de la población es afro). En esta labor hemos podido participar en talleres con comunidades educativas, como es el caso de Nachasin, institución indígena que forma, entre otros, al pueblo nasa, embera o wounaan, con lenguas y costumbres diferentes, pero donde se integran y fortalecen los saberes ancestrales de cada cultura milenaria para contribuir a la transformación del desarrollo organizativo a nivel comunitario, regional, nacional e internacional.
Y es que aquí lo comunitario es clave. Muchos líderes y lideresas comunitarias han sido amenazadas y asesinadas (en 2016 se contabilizaron de manera oficial 117 homicidios, siendo los Grupos Armados Posdesmovilización los principales responsables). Por eso también se trabaja mucho en el SJR explicando la Ley 70 de 1993, que se centra en un asunto de vital importancia para las comunidades afrodescendientes: la propiedad de la tierra y esquema colectivo que desde antes de la abolición de la esclavitud habían planteado para la constitución y la supervivencia de sus comunidades. También se incide en la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Como podréis imaginar, esto choca frontalmente con el proceso real de desterritorialización y despojo que sufren y que ya os contaba en la anterior carta (ombligados).
En una de nuestras salidas a terreno en Docordó (Chocó) escuchamos esta frase de una de las personas desplazadas: «Nos reconocen cuando hay dinero. Nos desconocen cuando hay problemas». Por eso tenemos que agradecer que organizaciones como el SJR digan alto y claro: TÚ ME IMPORTAS.
