Presuntos culpables


Leo en la Asociación de Internautas que el pasado 19 de mayo, la vicepresidenta Mª Teresa Fernández De la Vega firmó la orden 1575/2006 por la que se crea una comisión interministerial para desarrollar el Real Decreto 424/2005 del 15 de abril de 2005.

Este Real Decreto, nacido como consecuencia de los atentados del 11-M, quiere hacer legal la interceptación de las comunicaciones electrónicas ya sean por teléfono fijo, móvil o correo electrónico. Permite la retención de datos de tráfico y de localización durante un período muy amplio con fines de detección de terrorismo.

Es preocupante pensar que todas nuestras comunicaciones vayan a ser almacenadas por los operadores no sólo por el contenido de las mismas. Incluso las llamadas perdidas serán guardadas. Es decir, si yo me equivoco y marco por error el número de un terrorista, aunque no me coja, esa llamada quedará registrada y mi nombre puede ser asociado al terrorismo.

Hay que hacer referencia también a que en esta directiva, los operadores tienen un plazo durante el cual tienen que conservar los datos. Este plazo es de 3 meses como mínimo a 2 años, pero el problema deriva en que luego cada estado puede ampliar el plazo tanto como estime necesario. Es decir, que si un estado lo marca en su legislación, podemos hablar de, por ejemplo, 4 años en los que las operadoras mantendrán nuestros datos. Cuanto mayor espacio de tiempo tengan almacenados esos datos, mayor es el peligro para su manipulación y para que acabe en manos de terceras personas con malas intenciones. El criterio del tiempo no se establece en base al tipo de comunicación ni por una previa infracción, es un criterio arbitrario y es un dato muy amplio.

Por otra parte, se establece también que la información se tiene que conservar en los operadores de comunicaciones, pero la directiva no marca ninguna medida de seguridad adicional que tengan que tomar estos operadores para que los datos mantengan su confidencialidad y cumplan con los principios de protección de datos.

Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el coste económico, que supone un desembolso muy serio, debe correr a cargo de los operadores. Eso tiene dos consecuencias. La primera es que la Unión Europea tiene que destinar un fondo para que las operadoras puedan hacer frente económicamente a la obligación de conservar esa información. Por supuesto, ese dinero sale de nuestros bolsillos. La segunda consecuencia es el encarecimiento de la comunicación (que también repercutirá en nuestros bolsillos).

Después de comprobar todos los “beneficios” que ofrece, aún me queda una crítica más: con esta directiva todos los ciudadanos somos presuntos culpables hasta que se demuestre lo contrario. No necesitan indicios de delito para controlarnos.

Parece que no aprenden aquello de que las “acciones preventivas” no son la solución (¿verdad, señor Bush?).

Por el día, directora de identidad digital en la Universidad de Deusto. Por la noche, rompiendo techos de cristal en Doce Miradas. Y como dormir está sobrevalorado, colaboro en Radio Bilbao en la sección "De las ondas a la red" del programa Hoy por Hoy Bilbao. Puedes saber más de mí o echar un vistazo a mis publicaciones, cursos y participación en congresos.

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